Recelo de los profesionales sanitarios contra la futura ley de salud mental
El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado martes al inicio de la tramitación de la proposición de Ley de Salud Mental impulsada por el grupo Podemos. La futura norma, que todavía debe enfrentarse a un largo camino en el Congreso y en el Senado en el que sufrirá modificaciones, contó de inicio con el apoyo del PSOE, ERC, Bildu, Ciudadanos y Más País, la abstención del PP y el voto en contra de VOX y PNV.
Los profesionales sanitarios, a los que no se ha dado voz de momento en la elaboración del nuevo texto legal, celebran que la salud mental salte a la agenda política pero recelan tanto de la conveniencia de una ley propia para la salud mental como del contenido de la propia ley presentada por Podemos, que algunos llegan a calificar de “despropósito” y, los más, consideran que generará lo contario a lo que se aspira, estigmatizando aún más al enfermo mental y psiquiatrizando la vida cotidiana, además de sembrar una sombra de duda sobre los profesionales sanitarios.
Entre otras medidas, la futura ley establece por primera vez, con el aplauso general del sector, ratios mínimos de profesionales de salud mental para alcanzar en un plazo de cuatro años al menos 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes.
También prevé Estrategias de Salud Mental nacionales con duración quinquenal, la Creación de un Centro Estatal de Salud Mental e insta a la eliminación de la contención mecánica o farmacológica y a exigir consentimientos informados para la aplicación de tratamientos.
Con enorme dureza, Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, califica el texto de la norma de “auténtico despropósito que va a conseguir lo contrario de lo que persigue”.
En su opinión “es un proyecto de ley que no distingue entre personas que tienen síntomas derivados de las preocupaciones, crisis económicas, pandemias, etc, es decir, reacciones normales a los acontecimientos que estamos viviendo, de las personas que sufren trastornos mentales graves”.
“Además, -continúa Aragno- habla solamente de condicionantes sociales cuando el paradigma aceptado por toda la comunidad científica es el de factores de riesgo biopsicosociales y de forma oportunista el texto de la ley se fija exclusivamente en todo lo que tiene que ver con factores sociales, económicos, de pobreza, etc. De esa forma lo que se va a conseguir es lo contrario de lo que dice perseguirla ley: por un lado psiquiatrizar a la población general y, por otro lado, estigmatizar más a las personas con trastorno mental grave y real, porque esa ley de nuevo busca segregarlos del resto de la atención sanitaria”.
Para Arango, la ley propuesta “está plagada de falacias y aseveraciones contrarias a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a lo que dice la Agencia Europea y Española del Medicamento, a lo que dice la buena práctica clínica y va en contra de lo que dice cualquier estándar internacional sobre lo que debe ser una buena atención a las personas con trastorno mental grave. De aprobarse tal y como está escrita ahora conseguirá lo contrario de lo que busca”.
“Desde la Sociedad Española de Psiquiatría -continúa Arango con dureza- estamos realmente preocupados de que se intente regular la actividad actividad clínica basada en la evidencia de una especialidad médica como la psiquiatría a través de esta ley de salud mental que no sólo es negligente sino que incorpora aspectos que son apriorismos partidistas e interesados contrarios a toda evidencia científica”.
Con algo más de esperanza sobre el texto final que salga del Congreso, pero con muchos recelos también tanto sobre el contenido actual de la norma como sobre la propia necesidad de una ley específica para la salud mental, se muestra también Víctor Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).
En su opinión “la salud mental tiene dos grandes lacras: el estigma social y los presupuestos dispersos en distintos departamentos, como justicia, seguridad, ámbito social, sanidad o trabajo. Por eso, todo lo que ayude a hablar más de salud mental para acabar con ese estigma social y todo lo que ayude a que las personas accedan a los presupuestos que necesitan es una magnífica noticia”.
“Sin embargo -avisa- hay que reflexionar sobre si la ley realmente va a conseguir eso o lo contario”.
“¿Por qué una ley de salud mental y no una ley de cáncer, traumatología o cardiología?” se pregunta el presidente de la SEPB, preocupado porque eso provoque que se separe a los profesionales y a los pacientes de la salud mental de los del resto de la sanidad, estigmatizándolos aún más.
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